El 10 de mayo, el Ministerio de Salud de Perú (MINSA) emitió un decreto que catalogaba la identidad trans como un padecimiento mental, desatando una ola de controversia y protestas por parte de diversas organizaciones LGBTI+. Esta decisión gubernamental fue rápidamente condenada en las redes sociales y generó movilizaciones enérgicas para revocar una medida que se percibía como un retroceso significativo en los derechos del colectivo transgénero.

Finalmente, el organismo tuvo que deshacer su decisión de catalogar el «transexualismo» y el «travestismo» como trastornos mentales. El argumento fue que era una manera de que la comunidad trans pudiera acceder a seguridad médica. La ley especificaba como elegibles para los servicios públicos y privados de salud mental a quienes tuvieran «trastorno de identidad de género».

Esta medida contradecía la nueva clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud CIE-11 (2018) que reemplazó a la CIE-10. de 1990. En un hito histórico, se dejó de considerar la «disforia de género» como una enfermedad mental.El decreto generó un repudio inmediato del activismo de la diversidad y organismos de derechos humanos locales e internacionales que se manifestaron para revertir la medida.

Anteriormente, la presidenta de la organización de mujeres trans, Leyla Huerta manifestó: “Esta medida del MINSA lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, no darnos derecho al trabajo, no darnos derecho a la identidad. Esto que ha hecho el Ministerio de Salud fomenta la violencia hacia las personas trans, porque quiere contribuir con la narrativa de que no somos personas sujetas de derecho, quiere colocarnos como personas enfermas”.